TARIFA ELÉCTRICA: FALLO JUDICIAL FAVORABLE A DOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CONCORDIA Volver


03/10/2018



A través de una sentencia de un tribunal unipersonal de amparos en la causa caratulada "CALGARO, Araceli Marlene y otro c/COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA. s/ACCIÓN DE AMPARO", se condenó a la distribuidora a que, "dentro del plazo de CINCO DÍAS, refacture y/o emita nuevas facturas sobre el consumo residencial de energía eléctrica a valores vigentes en el cuadro tarifario anterior", fundando su resolución en el incumplimiento del DEBER DE INFORMAR.

La Resolución, firmada por el Vocal de la Sala Civil y Comercial N° 2, Héctor Rubén Galimberti, afirma que la Cooperativa Eléctrica de Concordia "no ha dado cumplimiento a requisitos previos sustanciales sine qua non que vuelven exigible legalmente a los usuarios actores el aumento tarifario", y que "no hubo por parte de la Cooperativa una información previa a los accionantes consumidores, de las características que exige la ley" ni "tampoco audiencia pública en el sitio (Ciudad de Concordia) donde se domicilian los usuarios del servicio eléctrico, y en las condiciones que aquella reclama". Para concluir que: "Tales vicios informativos y participativos configuran ilegalidad notoria restringiendo y lesionando derechos reconocidos tanto por la Constituciones Nacional y Provincial como por la ley supralegal", concluye el magistrado.

A continuación, el texto del fallo:

CONCORDIA, 08 de marzo de 2018.

VISTO:

Estos autos caratulados "CALGARO, Araceli Marlene y otro c/COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA. s/ACCIÓN DE AMPARO" (Expte. Nº 2697) venidos a resolver a este tribunal unipersonal de amparos –Acuerdo Nº 38/14 del S.T.J.E.R.–, y

CONSIDERANDO:

I.- Que Araceli Marlene Calgaro y Ernesto Oscar Muller, promueven ACCIÓN DE AMPARO contra la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LIMITADA (Coop., en adelante) con el objeto de lograr de la reclamada * la satisfacción de la obligación de informar en forma adecuada y veraz el nuevo cuadro tarifario aplicable al servicio que presta, * la refacturación de las boletas emitidas por la prestación del servicio en base al cuadro tarifario nuevo, y * que en el futuro informe de forma veraz, clara, precisa, efectiva y oportuna, y con la antelación necesaria toda modificación que afecte al usuario (f. 45/52 vta.).

Como base fáctica de la pretensión señalan que: (1) son usuarios residenciales de la energía eléctrica que distribuye la Coop. "mediante contrato de concesión que el concedente, Poder Ejecutivo Provincial, otorgó a la demandada"; (2) mediante ese negocio jurídico la Coop. cuenta con la "autorización para brindar el servicio de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en un vasto territorio del Departamento Concordia; (3) la accionada incurrió en franca violación de la normativa constitucional e infraconstitucional que individualiza, consecuencia de lo cual no cumplió con su débito de informar sobre los aumentos que luego aplicara, por lo que "nos hizo consumir el servicio eléctrico y luego aplicó –a secas– la nueva tarifa"; (4) "de haberse brindado oportunamente la información legalmente exigida en relación al NUEVO CUADRO TARIFARIO, los usuarios hubiesen tenido la oportunidad de cambiar de hábito en el consumo a los fines de su racionalización, pues las posibilidades de acceso a la información inciden en forma determinante sobre la conducta humana, máxime, teniendo presente que el servicio de provisión de energía eléctrica en Concordia, se presta en un mercado en el cual los usuarios no tienen la posibilidad de elegir entre diversos prestadores, siendo el ACCESO A LA INFORMACIÓN de carácter ESENCIAL"; (5) la "energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social"; (6) el "Estado tiene la obligación de asegurar el acceso al servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población"; (7) el nuevo cuadro tarifario implementa un precio excesivo e irrazonable de la energía eléctrica "lo que trae aparejado –en el conglomerado poblacional– un peligro serio y cierto de no poder cumplir con su obligación de PAGAR la FACTURA de LUZ con el consecuente desenlace: SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO"; (8) "el servicio público domiciliario de energía eléctrica es un servicio indispensable para la salud y la vida digna, que está expresamente comprendido dentro de la noción de vivienda adecuada desarrollada por el sistema de protección de derechos humanos"; (9) en "el caso concreto se observa un incremento de la tarifa 'desvinculado' de la realidad económica y de los bolsillos de los usuarios"; (10) los "Estados están obligados a (...) garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad"; (11) el monopolio de hecho que ejerce la Coop. en el servicio eléctrico coloca al usuario en una situación de debilidad extrema, no tiene opción de contratar o no, por lo que torna aún más necesario hacer operativa la protección que brinda la ley fundamental y sus reglamentaciones.

Ofrecen prueba y fundamentan legalmente la petición en el ordenamiento jurídico interno e internacional y derecho judicial que entienden aplicable al sub judice, plantean el caso federal, prestan el juramento previsto en el art. 6, inc. e) de la Ley Nº 8369 y afirman que la presentación de la acción promovida fue tempestiva –art. 3, inc. c), Ley Nº 8369– (f. 57).

II.- Diligenciado el pertinente mandamiento a fin de que la demandada evacúe el informe de ley (f. 67), dentro del plazo legal se presenta la misma y sostiene que: (a) la Coop. es tercera extraña a los acrecentamientos tarifarios refutados ; (b) la Coop. no obtiene beneficio alguno en la distribución energética, circunscribiéndose su función a lo que se denomina, en el ámbito energético, “passtroug” (pass-through), eso es mera pasamanos, un agente del sistema eléctrico nacional, compra energía y traslada el precio a los socios o usuarios sin obtener ganancias; (c) la reclamada no es una persona jurídica privada, estando integrada por socios cooperativos y usuarios, quienes, de accederse a lo demandado, se verán menoscabados al no contar con el dinero suficiente para pagar a CAMMESA la venta de energía, estando esta autorizada a suspender la venta o aplicar severas sanciones, entre las cuales está previsto el corte de la tarifa social que en la actualidad beneficia a 12.000 usuarios de escasos recursos, o incrementar la deuda con recargos, multas e intereses y otras restricciones; (d) la mayorista le aumentó el precio de la energía a la Coop. y si no traslada ese aumento a los usuarios se vería perjudicada económica y financieramente; (e) la amparista no intentó intimar o requerir información a la accionada ni tampoco acreditó que esta negara información, callando la gran publicidad realizada por ella; (f) la legitimada pasiva es víctima de la elocuente crisis energética, la que se traduce en la eliminación de los subsidios, el incremento de los precios impuestos únicamente por los organismos nacionales y provinciales, en lo cual no tiene injerencia, tampoco tiene participación en la convocatoria de audiencias públicas, ni en la aprobación de aumentos o modificaciones o en la formación del cuadro tarifario; (g) la Coop. cumplimentó su deber de información dando a conocer la baja de los subsidios y recomendando el uso racional del recurso a través de la prensa escrita, radial y televisiva, reuniéndose también con distintos sectores y asociaciones de la ciudad, brindando explicaciones, dando charlas, conferencias y entregando folletería; (h) el amparo debe ser desestimado por abusivo e inadmisible al no incurrir la Coop. en arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas, por requerir un marco probatorio más amplio y por existir otras vías ordinarias para lograr lo buscado; (i) el precio de la tarifa eléctrica discutido no es determinado por la Coop. y, por ello, no decide sobre sus aumentos o alteraciones, recayendo estos en la esfera del EPRE y el ENRE en sus respectivas jurisdicciones;  (j) CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) es la responsable de la elaboración y actualización permanente de los procedimientos para la operación y despacho del Sistema Argentino de Interconexión (SADI); (k) la Res. EPRE N°168/16 no aprobó un "cuadro tarifario", sino que estableció el "régimen", que es la estructura técnica y jurídica que determina el modo de calcular las tarifas; (l) la acción es intempestiva cuando cuestiona el cuadro tarifario aprobado por Res. N° 199/17 en noviembre de 2017; (ll) las facturas en crisis fueron confeccionadas con arreglo a la normativa vigente y la Cooperativa no puede agregar otros componentes; (m) los socios cooperativos,  asociados y usuarios, a pesar del incremento vigente a partir del 1/12/2017, en el mes de enero de 2018, consumieron y pagaron más que en el mismo mes del año anterior; (n) la demanda de energía aumentó y consecuentemente la facturación aumentó cobrándose en enero del año en curso 58.289 servicios contra 57.591 del mismo período del año 2017; (ñ) se publicaron e informaron los aumentos tarifarios a través de los distintos medios y fechas que indica; (o) lo que debieron hacer los actores era dirigir su accionar contra las autoridades nacionales y provinciales competentes en la determinación y fijación del precio de la energía eléctrica; (p) da a conocer los cuadros tarifarios que cronológicamente dispuso el EPRE resoluciones que precisa mediante; (q) la quita de los subsidios fue ordenada por el Gobierno Nacional y publicada en el Boletín oficial de la Nación; (r) no era obligación hacer audiencia pública pero se hizo igual; (s) el contenido de la factura de luz está expresamente previsto en la normativa vigente y no pueden agregarse otros componentes, ejemplo publicidad; (t) el derecho a la información se agota cuando se proporciona, aun cuando se la brinda fuera de término; (u) si falta alguna información lo único que correspondería “sería declarar abstracta la cuestión y no resolver nada sobre la cuestión de fondo; (v) el EPRE comunicó el nuevo cuadro tarifario el 26/01/2018 y se lo notificó a la Coop. el 31/01/2018, razón por la que esta lo publicó el 15/02/2018; (w) la tarifa aplicada por la Coop. "corresponde al cuadro tarifario aprobado por Resolución del EPRE Nº 215/17 del 12/12/2017"; (x) solicita se integre la litis con el EPRE y con el Estado Provincial.

Propone y agrega medios probatorios, asienta jurídicamente su postura e introduce la cuestión federal, para finalmente interesar el rechazo del amparo y la condena en costas a la contraria (f. 76/122 vta.).

III.- A f. 64 vta. pto. 5.- rechazo parcialmente la cautelar deducida en el promocional, deniego a f. 124 vta. la citación de terceros peticionada por la demandada y se expide el fiscal a f. 126/vta. opinando "que de las constancias de autos surge que los derechos (...) se encuentran debidamente resguardados, lo que así intereso se tenga en cuenta".

IV.- Entiendo que el servicio eléctrico consumido por los usuarios residenciales (según documental adjunta a f. 1/9 y 28/43 no desconocida por la adversaria ocasional) y que tiene a lo mismos como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social de la cosa, prestado por la  Coop., como aquí ocurre, configura una relación de consumo (arts. 3 de la ley nº 24.240 y 1092 oración 1ra. del C.C. y C. ), más allá de que entre dichas partes exista, además, un vínculo asociativo, e independientemente de que el estatus jurídico de proveedora de la Coop. tenga por causa fuente una conexidad contractual que la involucra, de modo vertical, con el Ente Provincial Regulador de Energía y otros organizadores del grupo señalados por la demandada, vinculados todos ellos por la unidad de fines (Sozzo, Gonzalo, “Revista de Direito Do Consumidor 34”, Año 9, abril-junio de 2000, Editora Revista Dos Tribunais, Doutrina Internacional, “Daños Derivados del Acto de Consumo”, p. 18).

Lo esencial para arribar a esa conclusión son los sujetos que componen el nexo (activo –el consumidor– y otro pasivo –el proveedor–: arts. 1 y 2 de la L.D.C., y 1092 y 1093 del C.C. y C.) y el objeto de dicho lazo que no es otro que un acto de consumo final (esto es, adquisición o utilización de un bien de consumo: Cfr. Sozzo, Gonzalo, ob. cit. p. 15), en interés propio o de su grupo familiar o social (arts. 1 L.D.C. y 1093 in-fine del C.C.), componentes que anidan en el acto cooperativo celebrado entre actores y demandada (arts. 2 inc. 10. y 4 de la ley nº 20.337; Cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos, "Código de Comercio Comentado", Errepar, 2001, T. II, ps. 1291/92).

Calificado jurídicamente el enlace, corresponde a continuación aplicarle al mismo la Constitución Nacional, el microsistema protectorio –ley 24.240– de orden público que lo rige (art. 65 de ese cuerpo legal) y las demás normas generales y especiales que integran el ordenamiento consumeril, “sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle esté alcanzado asimismo por otra normativa específica” (art. 3 último párrafo de la L.D.C.), y, efectuado ese ejercicio, proceder, entonces, a establecer si hubo por parte de la Coop. conducta alguna que encaje en los supuestos descriptos por los arts. 1º y 2º de la ley de procedimientos constitucionales nº 8.369, sin soslayar que la interpretación que se realice de toda la legislación operativa tenga como pauta a seguir activar la que más favorece al consumidor (arts. 3 oración 3ª, 25 ap. 3º y 37 penúltimo apartado de la ley 24.240, y 1094 último parágrafo y 1095 del C.C. y C.), presunción in dubio pro consumidor con jerarquía constitucional (Cfr. Vázquez Ferreyra, Roberto A., “La Garantía Legal en la Ley de Defensa del Consumidor”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Rubinzal Culzoni, 2009-1, p. 140).

V.- Con arreglo al art. 42 de la Const. Nacional, los consumidores cuentan, entre otras prerrogativas, con la protección de su seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a la libertad de elección.

Asimismo, en virtud de tal precepto, los usuarios de servicios públicos, como lo es la provisión de energía, tienen la potestad de participar en la formación de los marcos regulatorios de esa cosa, para lo cual la audiencia pública obligatoria es la operatoria idónea para lograr dicha finalidad.

Se definió a la audiencia de mención como el “mecanismo de debate sobre diversos aspectos de la prestación de un servicio público y permite la democratización de las decisiones, ya que en ellas participan los usuarios, sus representantes y otros sujetos que puedan estar involucrados”, y la realización de la misma con génesis en el art. 42 de la Constitución Nacional es operativa, de aplicación inmediata, y permite mejorar la razonabilidad de las decisiones, formar un consenso acerca de ellas y dar transparencia a los procedimientos (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 591).

Sobre ello, la Corte Federal ha dicho que "en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida", sino que es un "imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptible de ser ponderada por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio" (C.S.J.N., 18.08.2016, causa CEPIS, ap. 18, 1er párrafo).

"Esta nueva interpretación con relación a la ponderación de los reclamos, propuestas y debates de los usuarios en las audiencias públicas obligatorias, susceptibles de ser tenidas en cuenta para la determinación legal de las tarifas por parte del poder administrador, reafirma que su procedimiento de determinación tiene un doble fin tuitivo: por un lado se alza como garantía de eficacia de la actividad administrativa por mandato constitucional, en donde se debe realizar la audiencia previa, informar de forma veraz al usuario y escuchar a los operadores e interesados del servicio para una correcta determinación tarifaria. Y por otro lado se alza como garantía de debido proceso y defensa, conforme a las pautas señaladas en el art. 42 de la C.N. donde la máxima publicidad e información veraz y cierta garantizan al administrado la posibilidad de opinar y reclamar con bases sólidas, las que deben ser escuchadas para poder 'ponderar' oportunamente los mismos a la hora de la determinación efectiva de la tarifa, consolidando dicho criterio jurisprudencial las notas típicas del régimen tarifario nacional. La 'ponderación' del debate que aparece entonces en la etapa previa como elemento motivante de la determinación de la tarifa, constituye una obligación legal sin el cual se vicia de nulidad el proceso intelectivo y cognoscitivo de formación de la voluntad estadual en el procedimiento de determinación tarifaria" (Cfr. Coronel, Germán A., "El reclamo del usuario como elemento obligatorio en la conformación de la tarifa. Una oportuna consolidación del régimen tarifario en argentina", L.L. 10/02/2017, p. 4); otros autores, en similar sentido, Ortiz Baeza, Ileana, "La audiencia pública como requisito previo de la aprobación de cuadros tarifarios",  DJ 07/12/2016, p. 19;  Quadri, Gabriel H., Giussani, Diego A y Mighetti, Carlos M., "La corte suprema y los aumentos tarifarios (desde una perspectiva social y constitucional)",  L.L. 25/08/2016, p. 1).

Por su parte, el art. 30 de la Constitución de Entre Ríos (C.E.R.), prevé la participación de los usuarios y de las asociaciones de consumidores en los marcos regulatorios de los servicios, e impone al Estado "la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente".

Un peldaño jurídico-jerárquico más bajo encontramos las disposiciones de la ley infraconstitucional y particular nº 24.240, cuyo art. 4 impone al proveedor la obligación de “suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización...”.

El Código Civil y Comercial vigente dispone que pesa sobre el proveedor la obligación de suministrar al consumidor información en forma cierta y detallada respecto de “las condiciones de comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser (...) proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión” (art. 1100).

También, la ley local nº 8916, en su art. 45 inc. c), consagra como derecho mínimo del usuario del servicio público de electricidad sujeto a jurisdicción provincial el de ser informado en forma clara y precisa acerca de las condiciones de la prestación, de sus derechos y obligaciones, y de toda otra modificación que se produzca durante la vigencia de la relación y que afecte a la misma.

El contrato de concesión, que relaciona a la demandada con el EPRE y que integra el cuerpo normativo de ese vínculo por mandato legal expreso (art. 45 inc. g) de la ley 8916), impone a la Coop. en su art. 21 inc. h), dada su calidad de distribuidora del servicio eléctrico (extremo fáctico sobre el que hay acuerdo procesal en este pleito: confrontar demanda e informe), el débito de dar a conocer a los usuarios, con la debida antelación, las variaciones del cuadro tarifario correspondiente a la prestación energética.

VI.- Cabe precisar, a continuación, el alcance de los derechos reconocidos al consumidor por la Carta Magna y la normativa que lo reglamenta (art. 28 de la Const. Nacional), de lo que emanarán las correlativas y exactas obligaciones de la proveedora distribuidora de energía demandada (arts. 2 y 40 de la ley 24.240) para un posterior análisis de la legitimidad o no de su proceder en el caso concreto.

La prerrogativa que refiere a la tutela de la integridad económica (art. 42 C.N.) se traduce en deberes de los proveedores de propender a la seguridad del consumidor (Cfr. Sozzo, Gonzalo en “El Estado Actual de la Problemática de los riesgos derivados del Consumo”, Revista de Derecho Privado y Comunitario-2009-1, p. 373), seguridad consagrada también por normas internacionales que, por expreso mandato constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.), tienen rango fundamental (arts. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 9.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

"El deber de información es la columna vertebral del Derecho del Consumidor, ya que solo sobre esa base el destinatario final puede tomar su decisión de contratar (...) Esta obligación a cargo del proveedor adquiere, en materia de defensa del consumidor, el rango de derecho fundamental reconocido expresamente en el art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto constituye un trascendental instrumento tendiente a conjurar la superioridad económico-jurídica que suelen detentar los proveedores (...) el incumplimiento del deber de información es de carácter objetivo..." (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis en "Código Civil y Comercial de la Nación", Rubinzal-Culzoni, Editores-2015, T. VI, ps. 254/55 y 257).

Por escrito es la modalidad que debe asumir la información debida al consumidor por el proveedor (art. 25, primer parágrafo, de la ley 24.240; Cfr. Gelli, María Angélica en "Constitución de la Nación Argentina", La Ley, 2001, p. 335).

Se ha dicho que "la información es inseparable de la confianza, que nace precisamente a partir de una buena información" (Cfr. Weingarten, "El valor económico de la confianza para empresas y consumidores", en Revista de Direito do Consumidor, Nº 33, 2000, ps. 33 y ss., citado por Jorge Mosset Iturraspe, "Defensa del Consumidor, Ley 24.240", 2ª Edic. Actualizada, Rubinzal-Culzoni, 2003, p. 29).

La información adecuada y veraz (art. 42 de la C.N.) es aquella indicación precisa, eficaz (de informarse debida y oportunamente lo debido el servicio podía ser empleado de otro modo), particularizada ("...el alcance y contenido de la información debida al consumidor debe siempre modularse sobre la base del consumidor concreto que participa en la relación o contrato de consumo...”: Cfr.  Lorenzetti, Ricardo Luis en "CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN", Rubinzal-Culzoni-Editores-2015, T. VI, p. 258), tempestiva (para que el consumidor pueda hacer valer sus derechos y evitar perjuicios a su integridad económica), ajustada al contenido de lo que se debe comunicar (y no lo que seleccione el proveedor), a fin de darle a la parte vulnerable –en lo económico, cognoscitivo, técnico y jurídico– de la relación (consumidor) la oportunidad de adaptar su hábito de consumo a lo que, en tiempo propio y no después de “vendido” el producto, le hace saber quien lo provee de la cosa que enajena.

En tanto, la libertad de elección (art. 42 de la CN) es una libertad y no un derecho subjetivo (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Las normas fundamentales de Derecho Privado", Rubinzal-Culzoni, 1995, p. 189) y, como tal, un derecho constitucional de primera generación.

Como fácil se colige, hay entre derecho a la información y libertad un estrecho vínculo, pues sin el primero no es posible la segunda, cuestión no menor a la hora de juzgar comportamientos con efectos jurídicos.

Sobre este punto, la doctrina autorizada postuló que "...la información es un requisito de la libertad, puesto que, si bien uno siempre es libre, no puede ejercitarla ampliamente si no se conocen las opciones que uno tiene" (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Las normas fundamentales de Derecho Privado", Rubinzal-Culzoni, 1995, p. 189).

La participación de los usuarios y de las asociaciones de consumidores en los marcos regulatorios de los servicios (art. 30 C.E.R.), implica la realización de audiencias públicas en los lugares donde aquellos residen (arg. arts. 36 último párrafo de la ley nº 24.240); proceder de un modo distinto –esto es, convocar a la parte débil del vínculo consumeril a lugares lejanos de su domicilio real donde el servicio se presta– restringe indebidamente los derechos de la parte más débil del vínculo consumeril (arts. 30 de la C.E.R. y 37 inc. b) de la L.D.C.) y afecta ajurídicamente los intereses económicos del consumidor (art. 42 de la CN).

Y "la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente" por el Estado (art. 30 C.E.R.) importa, además de gradualidad en los cambios tarifarios y en lo que ahora interesa, la participación antes indicada del consumidor más una información oportuna, clara, evidente, contenida en soporte notorio, y concreta para su destinatario (léase: usuario).

Cuando el derecho común (art. 1100 del C.C. y C.) y la legislación específica (art. 45 inc. c. de la ley n.º 8916) prescriben la obligación del proveedor de informar al consumidor en forma cierta y detallada o clara y precisa, y sobre las condiciones de comercialización de la cosa, quedan comprendidas dentro del último concepto las modificaciones tarifarias, es decir, las mutaciones del precio del servicio, y en el primero una comunicación minuciosa, específica y comprensible para la otra parte, desprovista, por ende, de incertezas y generalidades.

La información que debe brindarse sobre el cuadro tarifario con la debida antelación (contrato de concesión que liga a la Coop. y al EPRE), no quiere decir otra cosa que el conocimiento de lo que debe transmitir el proveedor al consumidor se ejecute previo a que el usuario haga uso del servicio eléctrico más costoso y con la anticipación suficiente para que el mismo y, eventualmente, su grupo familiar o social, reacomoden comportamientos a las nuevas circunstancias que repercutirán, incostrastablemente, en la economía doméstica (art. 42 de la C.N.).

VII.- El servicio eléctrico prestado por la Coop. –que es público al satisfacer una necesidad social, de la sociedad en su conjunto, esencial porque sosiega una de las necesidades primarias, actúa sobre el nivel de vida y bienestar de la población (art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), e involucra derechos fundamentales pétreos económico-sociales de segunda generación (vivienda digna, salud, educación, seguridad - art. 42 de la C.N. -, etc.) que piden que el Estado intervenga haciendo o dando, y de tercera generación o "nuevos derechos" (calidad de vida, medio ambiente, libertad informática, consumo) los que surgen de la "contaminación de las libertades" (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis en "LAS NORMAS FUNDAMENTALES DE DERECHO PRIVADO", Rubinzal-Culzoni-Editores-1995, ps. 112/113), y monopólico, en tanto es el único existente y no hay posibilidad de elegir– debe ser prestado con total apego a la normativa vigente, más aún cuando se trata de disposiciones de orden público que tornan indisponible para las partes y el juez su contenido (art. 12 del C.C. y C.).

Bajo esa perspectiva, aprecio que la demandada no ha dado cumplimiento a requisitos previos sustanciales sine qua non que vuelven exigible legalmente a los usuarios actores el aumento tarifario que en el presente se debate, como bien lo reprochan los amparistas.

En efecto, no hubo por parte de la Coop. una información previa a los accionantes consumidores, de las características que exige la ley y mencionadas en los considerandos que preceden, que torne viable la alteración del precio del servicio facturado, débito que se intensifica por la magnitud elocuente del cambio (arts. 902 del C.C. y 1725 ap 1º del C.C. y C.) y cuya observancia hace a la eficiencia de la prestación u obligación de hacer comprometida por la proveedora demandada.

Tampoco audiencia pública en el sitio (Ciudad de Concordia) donde se domicilian los usuarios del servicio eléctrico, y en las condiciones que aquella reclama.

Tales vicios informativos y participativos configuran ilegalidad notoria restringiendo y lesionando derechos reconocidos tanto por la Constituciones Nacional y Provincial como por la ley supralegal (arts. 25.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 5.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) e infraconstitucional citada ut supra (art. 43 de la C.N.).

El vicio de información es aquel que induce al consumidor a comportarse en forma perjudicial a sus intereses (Cfr. Mosset Iturraspe, Jorge en "Defensa del consumidor, Ley 24.240", 2ª Edición, Rubinzal Culzoni, 2003, p. 28).

En esa dirección encuentro que: (1) para la demandada, con arreglo a la numerosa referencia que efectúa sobre las distintas publicaciones que realizó sobre el aumento tarifario (compulsar, en especial, f. 108/111 vta. pto. 22-, f. 112/113 vta. pto. 24- y f. 114 bajo el título "Que debe contener la factura"), tal quehacer abona el deber de información a su cargo, cuando publicidad e información, a los efectos legales, son supuestos fácticos disímiles y, de ahí, que reciban distinto y específico tratamiento legal (arts. 4 y 8 de la ley nº 24.240, y 1100 y 1101 del C.C. y C.); es que "Si el contrato es un acto jurídico bilateral que requiere del consentimiento, y como acto voluntario precisa de intención, discernimiento y libertad, tenemos que quien no puede discernir, no puede dar un consentimiento válido. De este modo, el deber e información viene a impactar sobre la capacidad de discernimiento de una de las partes, mejorándola a fin de que pueda consentir" (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Las normas fundamentales de Derecho Privado”, Rubinzal-Culzoni, 1995, p. 189); aquellas no tienen el mismo objeto, puesto que la información apunta a dar detalles del bien o servicio que se ofrece, y la publicidad, en cambio, se dirige a mostrar los aspectos positivos del producto o servicio (Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Sobre publicidad y consumidores", Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 5, Consumidores, ps. 64 y ss.), todo ello aun soslayando la época de puesta en conocimiento que se denuncia en relación a la aplicación del cuadro tarifario controvertido, pudiéndose contemplar al respecto que a f. 109 ap. 4º la Coop. reconoce haber publicitado el 15/02/2018 el “nuevo cuadro” de tarifas, obrar posterior a su aplicación y consumo por el usuario, por tanto, extemporáneo (confrontar facturas de luz agregadas por los actores a f. 1/9 y 11/43) y reñido con la transparencia que impone nuestra Constitución local en su art. 30; (2) cuando la Coop. refiere al vocablo información dice que mediante mail del 21/03/2016 "dirigido a todos los periodistas y medios de Concordia (...) se les brindó información pormenorizada sobre la adecuación del cuadro tarifario energético...", pero, silencio mantiene de anoticiamiento tan singular cuyo destinatario fuera el usuario, que es lo que se le reclama y censura (cotejar prueba ofrecida a f. 120/21 pto. 28-); (3) creo advertir un reconocimiento tácito de la proveedora en punto a su incumplimiento informativo que nos exime de mayores comentarios (arts. 262 y 264 del C.C. y C.), lo que acaece cuando expresa que si hubo fallas en la comunicación o si esta fue tardía ello estaría satisfecho con la información personalizada –a lo que agrego, escrita, clara, detallada, adecuada, veraz, cierta y precisa, aunque intempestiva, por cierto– que ahora, luego de la acción judicial, brinda en su responde, lo que torna abstracta la cuestión, sostiene (ver f. 112 y 112 vta. último apartado), honestidad intelectual que valoro; (4) no se invoca, y menos aún se ofrece probar, que la proveedora accionada celebrase la audiencia pública obligatoria en las condiciones antes expuestas por este sentenciante (por el contrario, se afirma que las reuniones se concretaron, en el ámbito provincial, en la ciudad de Villaguay, y fuera de él en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Salta, Formosa, y Puerto Madryn: ver fs. 86 y vta.), de lo que razonablemente se extrae su incumplimiento liso y llano; (5) según la Coop. no se puede incluir ningún tipo de publicidad ni información en la factura como pretende la actora (f. 114); sin embargo, dando cumplimiento a los arts. 25 ap. 1º y 30 bis oración 2da. de la L.D.C. n.º 24.240 deja expresa constancia en esos documentos sobre la existencia o no de períodos adeudados, conducta que no mantuvo cuando debió informar por escrito y particularmente sobre los aumentos tarifarios que regirían sobre los servicios futuros a prestar (arts. 42 de la C.N., 30 de la C.E.R., 4 de la ley n.º 24.240 y 21 inc. h) del contrato de concesión), inconsecuencia que debe asumir (art. 1729 del C.C. y C.); (6) si la misma Coop. informa que la tarifa aplicada por ella  "corresponde al cuadro tarifario aprobado por Resolución del EPRE Nº 215/17 del 12/12/2017" (f. 86 vta.) y que el posterior aumento del 26/01/2018, resolución del EPRE nº 11/18, para el período 01/02/2018 al 30/04/2018 (f. 86 vta. al final/87, fue notificado por dicho organismo a la Coop. el 31/01/2018 -f. 109-), es elocuente, de acuerdo a un criterio de probabilidad jurídica ("según el curso natural y ordinario de las cosas": art. 1727 del C.C. y C.) que este último incremento no fue informado a los usuarios con la "debida antelación" comprometida (art. 21 inc. h) del contrato de concesión) y exigible (arts. 959 del C.C. y C., y 10 bis. inc. a) y 40 de la ley 24.240) y, respecto del que le antecedió, ninguna acotación computable se profiere, de lo que se sigue que no existe.

VIII.- En cuanto al plazo para incoar el amparo, en consonancia con el art. 43 de la Const. Nacional que no lo fija para interponer la acción (principio de supremacía constitucional –arts. 31 de la Const. Nacional y 1, 5 y 6 de la Const. Provincial– que establece "un piso" de los derechos y que, por ello, estos solo pueden ser mejorados por la legislación subalterna más no limitados o restringidos –v. gr., estableciendo plazos–, e independientemente de la opinión doctrinaria autoral mayoritaria que se inclina por la conveniencia de la existencia de términos:Cfr. Carnota, Walter F. - Maraniello, Patricio A., "Derecho Constitucional", La Ley, 2008, págs. 429 y sgtes.), cabe recordar lo merituado por el máximo tribunal del país, como último intérprete de nuestro ordenamiento jurídico positivo y cuya doctrina debe ser acatada por los Tribunales inferiores –salvo postura disímil debida y suficientemente fundada–, que decidiendo sobre derecho procesal constitucional, más precisamente sobre el inicio del cómputo del plazo para promover el amparo, concluye que al observarse ilegalidad manifiesta de tipo continuado, esto es, sin solución de continuidad, que no configura un hecho único, aquel término recién arranca cuando cesan tales actos antijurídicos (Cfr. C.S.J.N., in re "Mosqueda c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados (Pami)", fallo del 07/11/2006; Sagües, Néstor P., "El derecho a la vida y el plazo para interponer la acción de amparo", L.L. 2007-B-128), con lo cual si la pretensión tiene por asidero cierto y comprobado la antijuricidad de la acción u omisión del demandado, el plazo en cuestión nunca tuvo empiece y, por ende, subsiste (postura del suscripto, estando a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la jurisdicción, en autos caratulados "Itterman, Mónica Cristina c/Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Amparo", fallo del 28-09-2010).

Dimana de esa suspensión del plazo, que aun tomando el término de 30 días corridos fijados por el art. 3º inc. c) de la ley local jerárquicamente inferior nº 8.369 (art. 31 de la CN), el amparo fue promovido en tiempo propio, amén de que la situación, por la calidad de derechos afectados, amerita una pronta respuesta de la judicatura que no se lograría mediante los procesos comunes u ordinarios, según enseña la praxis judicial.

Es que un servicio de justicia eficaz se desentiende de los excesos rituales irritantes para abocarse, rápidamente, a la solución de aquellos problemas que aquejan a la sociedad por afectar un bien común como lo es la energía o derechos fundamentales (Cfr. C.S.J.N. en el caso “M.d.S.,R. y otra s/ ordinario s/ nulidad de sentencia e impugnación declaratoria de herederos", del 26/09/2012, respecto del plazo para deducir los recursos; ídem. en "Y., G.C. c/ Nuevo Hospital El Milagro y otra" del 06/06/2006).

IX.- En definitiva, las explicaciones que intenta dar en este proceso la demandada para suplir la omisión antijurídica y manifiesta que le procedió no solo no alcanza ni justifica la conculcación de derechos constitucionales e infraconstitucionales en que incurrió con su falta, sino, también, no tendrán eficacia para sustentar, pese al loable esfuerzo de la defensa reflejado en el extenso relato y profusas citas jurisprudenciales y doctrinarias que efectúa, que esta no es la vía para decidir lo impetrado, pues, frente al evidente obrar contrario a derecho que registro, la urgencia en resolver la situación para evitar cortes de energía y deudas que traen aparejados serios trastornos individuales, familiares y sociales, de índole patrimonial y extrapatrimonial, hacen viable la acción sumaria propuesta (arts. 43 de la C.N., 56 de la C.E.R., 25 del Pacto de San José de Costa Rica, y 1º y 2º de la ley nº 8.369).

Siendo así, procederá parcialmente, como se verá, el amparo motivo de estas actuaciones (arts. 43 de la C.N., 30 de la Const. de Entre Ríos, 1º y 2º de la ley nº 8.369), de lo que deriva que la Coop. no podrá aplicar a los actores, al facturarle o liquidarle el servicio eléctrico residencial consumido por los mismos, ningún incremento que no fuera previamente informado a ellos del modo que se establece en esta sentencia.

La estimación limitada de la acción deriva del hecho de que la pretensión de condena relacionada con el débito de informar en forma adecuada y veraz el nuevo cuadro tarifario aplicable al servicio que presta, y que en adelante se informe del mismo modo y con la antelación necesaria toda modificación que afecte al usuario son cuestiones que se han vuelto abstracta, en el caso de la primera, y no actual, en el segundo supuesto.

En efecto, con el anoticiamiento escrito, concreto y personal que la demandada realiza en su escrito de responde, lo demandado y señalado en primer término constituye una cuestión abstracta, careciendo de utilidad, por ello, pronunciarme, al estar vedado emitir decisiones destinadas a satisfacer un interés meramente teórico, académico o hipotético, cuyo abordaje, en todo caso, está reservado a otros operadores del derecho (Cfr.  la Sala que integro en autos caratulados "Cornaló, Domingo José y otra c/ Correa, Nancy Claudia Carina s/ Ordinario", 29/05/2015).

A su vez, imponer judicialmente hoy a la proveedora un comporte anticipado ante la eventualidad de que en el porvenir despliegue un obrar defectuoso, significa resolver sobre materia que no cuenta con actualidad (arts. 42 de la C.N., 56 de la C.E.R. y 1º de la ley nº 8.369; C.S.J.N., Fallos: 193:524; 243:146; 286:220) y, ello, afectaría la garantías constitucionales del debido proceso (art. 18 de la C.N.) y la tutela judicial continua y efectiva (art. 65 de la C.E.R.).

X.- Ahora bien, lo anterior no repercutirá en el curso de las costas, porque los actores debieron recurrir a la autoridad judicial (art. 14 de la C.N.) y, en consecuencia, adjudicarse gastos (art. 74 del C.P.C. y C.) para que sus derechos le sean reconocidos, por lo que aquellas serán soportadas por la demandada que, sin éxito, resistió la acción de los amparados (art. 20 de la ley nº 8.369).

Por todo ello, delimitando la respuesta jurisdiccional a lo planteado y solicitado (congruencia), y conservando mi absoluto respeto a quienes puedan opinar lo contrario sobre lo decidido,

RESUELVO:

a) ESTIMAR parcialmente el amparo incoado y, por lo tanto, condenar a la demandada a que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, refacture y/o emita nuevas facturas sobre el consumo residencial de energía eléctrica correspondientes a los actores a valores vigentes en el cuadro tarifario anterior y, en caso de que los usuarios mencionados hubiesen abonado el precio del servicio con arreglo a un cuadro tarifario nuevo no informado, se imputen las diferencias resultantes a vencimientos inmediatos posteriores.

b) IMPONER las costas a la demandada.

c) REGULAR los honorarios de los abogados CLAUDIO PALMEROLA y MARÍA LAURA DE SANTI, en las respectivas sumas de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 13.650.-) y PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 9.555.-), arts. 3, 5, 12, 29, 30, 61, 63, 91 y concordantes de la Ley Nº 7046; 1255 CCC, y S.T.J.E.R., Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados "Argumedo (8), Sonia Analía de Lourdes en nombre y representación de su hijo menor F.U.A. c/IOSPER s/Acción de amparo", Expte. Nº 22.607, fallo del 10/05/2017. La regulación que precede no incluye I.V.A.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, oportunamente, ARCHÍVESE.

 

Héctor  R. Galimberti - Vocal

REGISTRESE.-

 

Jorge L.  Milera

Secretario