TODOS LOS CIUDADANOS, ¿SOMOS IGUALES ANTE LA LEY? Volver


03/09/2018



Que el derecho no es una ciencia exacta, y que dos más dos no siempre será cuatro, es una verdad de Perogrullo. Sin embargo, tampoco deja de ser cierto que los privilegios frente a la ley han dejado de existir hace ya tiempo en el derecho argentino dado que el artículo 16 de la Constitución Argentina claramente dispone que “Todos los habitantes son iguales ante la ley…”. 

El planteo articulado por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos –ADECEN- en los amparos colectivos presentados ante la Justicia concordiense y paranaense contra los proveedores del servicio de energía eléctrica donde se cuestiona la legalidad de las modificaciones en el precio del servicio aplicados sin haber cumplido con la obligación, impuesta por la norma a cargo de la distribuidora, de notificarlos con la adecuada antelación y en la factura lo que se reconoce a su vez como un derecho de los usuarios residenciales, viene a poner en el foco del debate –visto desde la óptica del usuario- la preponderancia de la vigencia irrestricta de los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores en la relación de consumo y las consecuencias jurídicas derivadas de su violación a manos de los responsables de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, y –visto de la faz del proveedor del servicio- la vigencia misma del principio de igualdad ante la ley.-

 

Hay que reconocer que la justicia entrerriana ha tenido oportunidad de pronunciarse reiteradamente y de manera unívoca sobre cuáles son las consecuencias ó sanciones que corresponde aplicar a un proveedor –ya sea público o privado- de un servicio que viola el derecho a la información del usuario y consumidor en la relación de consumo.

 

Los tribunales de la ciudad de Paraná tanto de primera como de segunda instancia unánimemente y sin excepción han sido contundentes en declarar no sólo la nulidad de aquellas modificaciones en el precio del servicio que fueron efectuados por el proveedor omitiendo cumplir con la obligación de notificarlos previamente y de manera fehaciente con la adecuada antelación, sino también han ordenado refacturar los períodos incorrectamente liquidados –quitando el componente declarado ilegal de la estructura del precio- y devolver los montos percibidos ilegítimamente con intereses, llegando en alguno a aplicar la pena “capital” que existe en ámbito del derecho del consumidor como lo es la imposición de la multa civil prevista en el artículo 52 bis de la N° 24.240.-

 

Ello sucedió por ejemplo en el ámbito de la medicina prepaga regulada por la ley N° 26.682 y su decreto N° 1993/2011 –con estructura idéntica a la que rige en el ámbito del servicio eléctrico- donde en el mes de diciembre de 2.013 se verificó que casi la totalidad de las empresas de este sector de la salud habían aplicado durante los meses de diciembre de 2.013 y enero de 2.014 el incremento que había autorizado el 12/12/13 el Ministerio de Salud de la Nación mediante Res. N° 1994/2013 pero sin haber cumplido previamente con la obligación  de notificarlo al consumidor en la factura y con antelación a su aplicación, la cual es responsabilidad de los proveedores conforme lo dispone el artículo 5 inciso g del decreto N° 1993/2011, el cual está previsto como “condición de validez” para la percepción del incremento autorizado.-

 

Así fue declarado en los autos caratulado “ASOCIACION DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS C/ CENSALUD S.R.L S/ SUMARISIMO (CIVIL) (Expte. nº 2156) mediante sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de Paraná el 07/03/2016; en los autos "ASOCIACION DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS C/ GRUPO SAN NICOLAS SRL S/ SUMARISIMO" (Expte. nº 9.986) sentencia de primera instancia emitida el 03/05/2.016 y luego confirmada por la Excma. Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Paraná mediante sentencia del 30/11/2016; en los autos “ASOCIACION DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS C/ ASOCIACION MUTUAL RURALISTA S/ SUMARISIMO (Expte. Nº 15.895) sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Paraná el 06/07/2017; y en los autos "ASOCIACION DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS C/ ALL MEDICINE S.A. S/ SUMARISIMO" Nº 8.750 en con sentencia emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial de Paraná Sala N° III el 06/11/2017, sentencias estas cuya consulta es publica y puede efectuarse a partir del portal web http://mesavirtual.jusentrerios.gov.ar.-

 

Sin embargo en las relaciones de consumo que se traban con las distribuidoras del servicio de energía eléctrica -de manera monopólica- y los usuarios residenciales, donde se han apreciado la aplicación de incrementos exorbitantes sin haberlos notificado de manera previa con la adecuada antelación y en la factura como lo exige el orden jurídico (artículo 45 inciso b) de la Ley N° 8.916, en los contratos de concesión y en los reglamentos de suministros punto 4.6), las sanciones que otrora se aplicara a los proveedores privados ya ahora, seguramente por estar en juego los intereses del estado, empieza a tener reparos para su aplicación ó por lo menos a retardarse su implacable aplicación.

 

¿Cuál es la razón válida que llevaría a pensar o admitir que la comisión de la misma infracción, en este caso, daría lugar a la aplicación de distintas soluciones por no decir opuestas? ¿Es lógico y razonable que existan dos estándares para sancionar las infracciones al derecho a la información dependiendo ello de quien sea el infractor, es decir, si es privado o público? ¿Somos todos iguales ante la ley, o no?.-

 

Sin embargo estos interrogantes hoy parecen tener un final abierto, frente a lo cual NO nos impide desde ya dejar aclarado que cualquier diferenciación que en este sentido pudiera hacerse desde los organismos estatales para cubrir, minimizar o legitimar cualquier accionar de las distribuidoras fuera de la ley resulta absolutamente inaceptable por reputarlo repugnante al elemental principio de igualdad ante la ley.-

 

COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS.-

 

 

 

Imagen: Clarin